El único partido que no ha publicado una larga lista de exigencias es, quien lo iba a decir, Bildu. Los demás confían en que el voto les sirva para enriquecer a todos los habitantes de su zona de influencia. Todos se afilan el colmillo pensando en la manera de exigir lo impensable a cambio de hacer posible la gobernabilidad de España; y si eso empobrece a la comunidad vecina, miel sobre hojuelas. Cada político se debe a sus paisanos, al resto de los españoles que les parta un rayo. No se cansan de repetir eso de Mi voto no le saldrá gratis, con lo que esperan darse lustre ante sus votantes.
Los hay que sin ningún empacho se ofrecen al mejor postor: ahí tienen un único escaño de Coalición Canaria (CC) que dice estar a la espera de lo que puedan ofrecerle Feijóo o Sánchez, no piensan permitir que sus ideales (?) interfieran con la subasta de su apoyo.
El no va más de este mercantilismo esta ¡cómo no! a cargo de los independentistas catalanes, ERC y JxCat que a cambio de unos pocos votos quieren que sean suyos los trenes de cercanías (Rodalies), un referéndum de autonomía, la amnistía para todos sus delincuentes y posiblemente un chupa-chups para la hija de uno de la CUP. Por no hablar de que hay que tratar de honorable (?) a quien mande allí en cada momento. Creen ser expertos en honorabilidad.
No acaban ahí sus peticiones: quieren también –en esto van de la mano con Yolanda Díaz, que se muere de ganas de hablarnos en gallego– que en el Congreso de Diputados puedan soltar su intervención en su lengua local, con lo que conseguiríamos montar allí una bonita y costosa Torre de Babel, ¿cuánto daría la Unión Europea por disponer de una lengua común, para ahorrarse el tiempo y el gasto de traductores e intérpretes? Todavía recuerdo cuando al inicio de la transición se explicaba que las lenguas regionales iban a ser reconocidas y cooficiales en su comunidad, y que todos nos entenderíamos en español, que para eso estaba. Ahora resulta que las regiones con su propia lengua solo ponen los letreros y títulos en su lengua, cambiando incluso el nombre de localidades por el topónimo local, con lo que un forastero puede no encontrar una población porque resulta que ha cambiado de nombre. Se puntúa el requisito del conocimiento de la lengua en grado máximo para cualquier puesto de funcionario o puesto médico-sanitario, valorándolo por encima de cualquier doctorado. Y la culpa real recae fundamentalmente en el gobierno central, que ha permitido o patrocinado que haya nombres como Girona o Gipuzkoa, que ni siquiera pueden ser pronunciados respetando las normas del español.
Mientras, ahí están a la espera quienes hablan bable, leonés, panocho, castúo, etc. etc. sonriendo porque su hora está cercana. ¡Qué bien supo hacerlo Francia, donde todo esto está prohibido!
