Contratos

Cuando iba a decidir crear este blog, mi principal preocupación era si podría encontrar asunto para cada entrada y el tiempo que ocuparía escribiéndola. Lo primero se solucionó enseguida porque me di cuenta que había mil asuntos cada semana sobre los que merecía la pena escribir. Lo segundo se solucionó porque me di cuenta de que me gustaba escribir y una vez puesto a ello apenas me lleva un rato.

En este caso, más que buscar el tema para la entrada, ha sido el tema el que ha saltado sobre mí al haberme visto envuelto en el problema varias veces en los últimos tiempos.  

Son miles los casos que existen, pero quizás el más habitual y escandaloso es el de las operadoras de telefonía e Internet. Yo, hace décadas, era abonado de una compañía de la que ni recuerdo el nombre y que fue comprada por Auna. Más tarde Auna fue comprada por Ono que a su vez fue comprada por Vodafone años más tarde. Todo esas maniobras de compra-venta incluían como es natural y como principal patrimonio, los clientes los que en ese momento contaban, venía a ser como una compra al por mayor de esclavos. Y como tales nos trataban, ofreciendo al mundo exterior unas condiciones con las que no contábamos los que ellos consideraban clientes cautivos.

Harto ya de tanto abuso decidí cortar por lo sano, dejando a un lado la pereza que me producía toda la mudanza, y me cambié a otra compañía, concretamente a Digi, creyendo estúpidamente que iba a mejorar. Cierto que mejoraba la tarifa, pero a cambio pasé a ser considerado menos que un esclavo. El que pomposamente llamaban servicio de atención al cliente era un teléfono al que usted podía llamar y que de inmediato le anunciaba que en unos segundos sería atendido por un gestor. En realidad le tenían escuchando alternativamente publicidad propia y una musiquilla hasta que al llegar a los quince minutos de espera −900 segundos− se cortaba la comunicación. Esto podía repetirse tantas veces como usted estuviera dispuesto a soportar, hasta que finalmente renunciaba a comunicarse con la compañía. Ni se le ocurra pensar que a horas avanzadas mejoraría la situación: tras un fallo clamoroso llamé a eso de las 11:30 de la noche y me dijeron con toda la frescura del mundo que esas no eran horas de llamar. 

Una vez comprobado que resultaba imposible comunicar telefónicamente con la compañía telefónica, busqué una dirección de correo electrónico a la que pudiera dirigirme. Recibí de inmediato una de esas contestaciones automáticas en la que me decían que para atender mi petición debería facilitarle una serie de datos, incluida una copia de mi DNI, ¡justamente los datos que ya poseían!

Ningún gobierno de ningún partido, por razones que no acabo de entender, ha intentado acabar con este abuso, haciendo incluso que el representante de una asociación de consumidores (Facua) diga: “Las administraciones dejan que las empresas nos roben”, y lo peor es que no tiene remedio, salvo que uno decida aislarse y adoptar la actitud de un náufrago (sin la compañía de alguien llamado Viernes).

Leyes pintorescas

Hay un principio fundamental que afecta a toda la legislación: ninguna nueva ley puede tener efectos retroactivos, salvo que sean para beneficiar al ciudadano. Esto se dice que es así, al menos en España, aunque yo diría que hay casos en los que se infringe notablemente este principio, si bien de una manera retorcida.

Pondré un ejemplo, que en realidad no es más que un caso real y que afecta a muchas personas, incluido yo mismo. Supongamos que usted se compra un coche en 2009, una vez jubilado, invirtiendo para que el vehículo reúna todas las comodidades conocidas puesto que lo va a usar poco, pero quiere que le dure mucho. Quiere que sea poco contaminante para ayudar a la limpieza del aire, así que hace caso de lo que le aconsejan en el concesionario y se compra un coche de un sistema que no había tenido en su vida, pero que efectivamente produce menos CO2, un diésel que cumple las directrices Euro-5.

Años después, se promulga una disposición, creo que europea, que obliga a las ciudades a crear zonas de bajas emisiones ZBE. Como vivo en Madrid, el ayuntamiento se precipita a cumplir este precepto, así que llevo bastantes años sin poder acceder al centro de la ciudad y aparcar donde encuentre espacio, algo que rozaría el milagro.

¿Cómo llamamos a esto? Porque para mí es claramente una disposición con efecto retroactivo, puesto que no existía cuando compré mi coche, este tiene pocos kilómetros y lo he cuidado tanto en el aspecto estético como en el tecnológico, pernocta en un garaje privado –no en una plaza de aparcamiento comunitaria− y pasa escrupulosamente todas las revisiones anuales. En las ITV de cada año a las que me obliga la ley, me confirman que produce pocos gases contaminantes lo contrario de tanto SUV como ahora circula, pero claro, son coches adquiridos recientemente, que es de lo que se trata.

De manera que me encuentro con un coche casi nuevo –jamás ha tenido una avería que me obligue a repararlo–, que no puedo renovar porque el modelo ya no se vende en Europa, así que tiene 16 años, cuando habitualmente yo compraba un nuevo vehículo cada 5 a 7 años.

Sin que yo lo solicite, encuentro bastantes personas que desean comprármelo, pero quieren obtener un precio ventajoso aprovechando las limitaciones impuestas, algo a lo que no estoy dispuesto pues supongo que debido a la presión de la opinión general, son pocos los modelos que en la actualidad vienen tapizados en piel y con tantos detalles como tiene este.

En mi caso, el prejuicio no es tan grande porque mi esposa tiene un híbrido con el que me desplazo al centro de la ciudad, y dejo mi coche casi exclusivamente para viajes fuera de la ciudad, donde no exista la bendita ZBE. No obstante, no puedo dejar de preguntarme, ¿cumple la limitación a que me veo sometido el precepto que según dicen debe cumplir toda nueva ley promulgada?