martes, 1 de enero de 2013

El dictador elegido



Hay quienes no lo saben por su edad y bastantes que simplemente no lo recuerdan, pero Lola Flores contrajo en su tiempo una elevada deuda con Hacienda por impago de sus impuestos y fue sancionada por ello. Todo lo que se le ocurrió para solucionarlo fue echar mano de esa idea de los gitanos de que todos los payos son unos pardillos y apareció en televisión pidiendo que cada español le enviase un duro –cinco pesetas– y con ello pagaría la sanción (y le sobraría, ya puestos…). Era extraordinaria como artista, gustara o no; como persona una amoral indeseable.

Allá por 1979 se formó una coalición política con vista a las próximas elecciones generales llamada Coalición Democrática, un antepasado directo del actual Partido Popular. Esta formación la componían diversas personalidades del franquismo convencidos de su tirón electoral, y actuaba como director de aquel grupillo fascistoide el incalificable Fraga Iribarne. Este hombre era en la política lo que Lola Flores era en el arte y por eso recurrió al mismo truco: pidió que todos los españoles realizaran una donación económica para sostenimiento de la coalición (conservo el panfleto). Lola Flores no consiguió su propósito y –no hace falta que lo diga– Fraga tampoco, cosechando un sonado fracaso en la colecta y en las elecciones a las que se presentó.

Pero Fraga conocía a sus paisanos y sabía que manteniéndose en los mismos postulados, el cambio en las preferencias de los ciudadanos, tarde o temprano lo llevaría al triunfo; a él o a quien él designara. Y así fue, llegó Aznar y su éxito en las urnas y ahora tenemos a ese enterrador del bienestar de los españoles llamado Mariano Rajoy. Un tipo del que habría que desconfiar si fuera dependiente de una casquería, pero al que directamente se debería mandar a presidio por osar hacerse cargo de un país, tratándose de alguien con tan poco carisma, sin ideas y con un cerebro desafortunado, discípulo fiel en el fondo y forma de su maestro y paisano Francisco Franco Bahamonde.

Todos los políticos gustan de alardear del porcentaje de votos conseguido, pero nunca proclaman cuánto significa ese porcentaje sobre el total de los posibles votantes. De ahí que quepa definir la actual situación política española como una dictadura, atendiendo simplemente al número de personas que efectivamente ha votado esa opción política y comparándolo con el total de quienes sufren las consecuencias. En el caso de las últimas elecciones, han dado el triunfo a Rajoy y su camarilla tan solo un 30,27% de los votantes (10.830.693 votos sobre un total posible de 35.780.287), es decir, un 69,73% –bastante más del doble– no le ha dado su apoyo porque han elegido otra opción o simplemente se han abstenido, y eso que quedaría por evaluar la validez real del voto al PP de quienes lo hicieron engañados, teniendo en cuenta que todo el programa con el que se presentaron a las elecciones ha sido incumplido y, más aún, están haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron.

Para cualquiera que sepa sumar y restar y sea capaz de un ejercicio de valoración imparcial, nos encontramos lisa y llanamente en una dictadura o despotismo pseudodemocrático en donde unos pocos imponen medidas de difícil marcha atrás, que perjudican de manera notable a la gran mayoría de la población. No es casualidad que en Madrid nos gobierne un alcalde –alcaldesa– y un presidente autonómico que no fueron votados en ningún momento para los cargos que ocupan, pero ambos saben que no son representantes de la ciudadanía sino simple peones colocados por su partido –o FAES, lo mismo da– para mantenernos a raya y dar la cara por su líder.

Muchos, para apoyar al actual gobierno echarían mano de aquella frase atribuida a Winston Churchill –un rufián notable a lo largo de toda su vida, consulten su biografía– que afirmaba que “la democracia es el peor sistema político posible, exceptuando todos los demás”, pero olvidan que la frase no incluye, porque no conviene, una definición de los requisitos mínimos exigibles para que una democracia sea considerada como tal. Es evidente que España no cumple los requisitos deseables y el resultado está a la vista: la abstención generalizada por la frustración dominante ha hecho que muchos se queden en su casa a la hora de votar, entregando por pasiva el poder a quienes evidentemente no merecían confianza alguna ni estaban capacitados para conducir el país por la senda adecuada.

Ahora tenemos una situación de ruina generalizada y de ataque a todos los grupos de ciudadanos (ámbito médico-sanitario, judicial, pensionistas, transportes, funcionarios, enseñanza, autonomías, etc.), hasta el punto de que me pregunto si el señor Rajoy consulta cada día las páginas amarillas para ver a qué grupo o colectivo no ha agredido y cabreado todavía.

En esta coyuntura, puede ser de una ingenuidad suprema pedir un referéndum sobre las medidas puestas en práctica por el gobierno y –con vistas a lo por venir– una modificación de la ley electoral (y circunscripciones), pero parece que es lo único sobre lo que se puede trabajar para evitar que en un futuro –si es que todavía lo tenemos– se repitan estas situaciones de dictaduras supuestamente democráticas. Y sobre todo, alguna herramienta electoral que impida las mayorías absolutas, sean de quien sean.

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