lunes, 22 de febrero de 2010

Privatizaciones

Se inició en el Reino Unido con pequeños golpes de efecto y, hasta donde yo recuerdo, con aquel azote de los ciudadanos que se llamó –se llama aún- Margaret Thatcher. Como gente miserable hay en todas partes, se le unió de inmediato el flamante presidente de EE.UU., Ronald Reagan, un actor semianalfabeto utilizado como mascarón de proa por los lobbies de aquel país. Poco a poco, se privatizaron empresas y organismos que nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que fueran susceptibles de privatización. En el Reino Unido, la etapa de gobierno de aquella mal llamada “dama de hierro” destruyó en pocos años lo que el esfuerzo de años había conseguido para el estado del bienestar. Dejaron de funcionar correctamente los servicios públicos y las protestas fueron arreciando.

Discípulos surgieron alrededor de todo el mundo, pues con la coartada proporcionada por aquellos líderes, todos los que podían hacer negocios muy privados se atrevieron a iniciar aquellos procesos y gradualmente fueron pasando a manos privadas lo inimaginable pocos años antes.

España no fue una excepción. Daba igual qué partido gobernara el país –sólo cambiaba el grado de osadía- fueron pasando a manos privadas empresas energéticas, ferroviarias, automovilísticas, telefónicas, líneas aéreas…

En los EE.UU. se llegó a privatizar parcialmente el ejército en operaciones exteriores. Todo el mundo sabe que en Iraq han intervenido tropas “privadas” con efectivos de miles de soldados, en su mayoría pertenecientes a las empresas Blackwater, Triple Canopy o Combat Support, de cuya propiedad formaban parte en ocasiones, de manera más o menos oculta, quienes componían el propio gobierno del país.

Es sabido y público que la “reconstrucción“ de Iraq fue adjudicada -a dedo- a las privadísimas manos de la empresa Halliburton, durante el reinado del presidente Bush, y que dicha empresa de la que era accionista y directivo el entonces vicepresidente, había recibido del gobierno de ese país, ya en 2006,  la modesta cifra de 16.000 millones de dólares, según una auditoría federal.

En España tratamos de estar en vanguardia al menos en lo peor y por eso se va privatizando todo lo que se puede, aunque apenas queden ya grandes botines. Es conocida la recomendación de algún anterior gobernante de que quien quisiera disponer de seguridad se la pagara con medios privados. Estos días ha podido verse en la televisión cómo se manifestaban, protestando, los bomberos privatizados de algunas poblaciones.

Queda no obstante algún gran negocio por engullir y a por ellos van los tiburones de la política y sus amigos. Se habla ya de la privatización de los aeropuertos. La sanidad pública está siendo acosada en ciertas comunidades autónomas donde la iniciativa privada ya se ha hecho con buenas parcelas del negocio, con la correspondiente pérdida de calidad en el servicio.

Frente a todo, los ciudadanos no deberían adoptar por sistema el criterio-consigna del partido político del que son adictos o votantes y sí pensar por su propia cuenta. La cosa es sencilla: si algo es privado, el móvil legítimo de la empresa será la obtención de beneficios económicos y no el servicio a la comunidad y esos beneficios van a bolsillos privados y no a las arcas del estado, ¿es que no está claro?

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